Otros cinco magistrados del TC han tenido vinculaciones con el PP y el PSOE
La militancia de
Francisco Pérez de los Cobos en el
Partido Popular durante cuatro años, hasta al menos el 2011, no es el
único caso de claras vinculaciones políticas en el Tribunal
Constitucional. Otros cinco de los 12 magistrados que componen el pleno
han tenido en el pasado más reciente claras vinculaciones orgánicas con
el PSOE, con la formación del centroderecha o cargos de relevancia en
respectivos Gobiernos de ambos signos y que podrían presentar idénticos
problemas de recusación como los que ahora se avecinan, en tromba,
contra el presidente del órgano que ejerce la función de supremo
intérprete de la Constitución.
Los últimos en sumarse a esta ola de recusaciones han sido el Govern y el Parlament de Cataluña, que, al alimón,
encargaron ayer informes a sus servicios jurídicos para iniciar el citado trámite. Como explicó el portavoz del Govern,
Francesc Homs,
ambas instituciones consideran incompatible la participación de Pérez
de los Cobos en los litigios que mantiene la Generalitat,
principalmente, la declaración de soberanía aprobada por la cámara
catalana, por su aireada afiliación al PP, que el magistrado ocultó
durante su examen parlamentario ante el Senado. Otra figura emblemática
de la justicia española, el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar
Garzón ha sido el primero que, por su parte, ha pedido la nulidad de una
de las actuaciones de Cobos, pues fue uno de los firmantes de la
providencia en la que se negó amparo a Garzón tras su condena por el
Tribunal Supremo por prevaricación.
Claramente afines a los
partidos que les nombraron o con evidentes vinculaciones orgánicas con
ellos, lo cierto es que el pleno del tribunal está sobrepolitizado y sin
que apenas ninguno de sus magistrados pueda levantar la cabeza para
marcar distancias con el caso que ahora rodea al presidente de la
institución.
De diputado a magistrado
Andrés Ollero,
nombrado magistrado del Constitucional en julio del año pasado, es uno
de los casos más palmarios. Durante 17 años, de marzo de 1986 a octubre
de 2003, fue militante y diputado del Partido Popular, una condición que
le podría obligar a tener que abstenerse en multitud de materias que
pasen por sus manos.
En 1986 se adscribió al Partido Demócrata Popular del democristiano
Óscar Alzaga y
encabezó la lista de la Coalición Popular -luego PP- por Granada. Un
escaño que fue revalidando en sucesivas ocasiones hasta que, en el 2003,
decide abandonar voluntariamente el Congreso para dedicarse plenamente a
la docencia en la Universidad Rey Juan Carlos, de donde fue repescado
para el TC. Miembro supernumerario del Opus Dei, es claramente contrario
al aborto y el matrimonio homosexual, dos de los temas que han pasado
por el órgano en los últimos meses.
Fernando Valdés, redactor del programa electoral del PSOE
Este
veterano catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
vinculado al PSOE fue una de las voces más críticas de la reforma
laboral del PP antes de recalar en el Tribunal Constitucional.
Hasta
tal punto se ha posicionado en contra del texto que no dudó en
participar, junto a otros representantes de la cultura, la educación o
el espectáculo, en un acto convocado por UGT y Comisiones Obreras a
favor de la huelga general del 29 de marzo del año pasado. Y eso sin
contar los artículos que, también contra la reforma auspiciada por
Fátima Báñez, publicó en el diario
El País.
Pero
si ese acto ya, de por sí, le podría presumir de posibles vinculaciones
con los sindicatos mayoritarios de nuestro país, de lo que no cabe duda
es de que este experto ha trabajado para el PSOE cuando el partido ha
requerido de sus aportaciones. Antes de 2004, participó junto al también
catedrático
Santos Ruesga y al luego ministro de Trabajo
Valeriano Gómez en la coordinación del programa electoral del PSOE en Economía, Trabajo y Pensiones con el que
José Luis Rodríguez Zapatero se presentó a sus primeras elecciones el año 2004.
Valdés
Dal-Re, del que se desconoce si tiene o ha tenido militancia política
en el partido de Pablo Iglesias, fue elegido magistrado del TC en julio
del año pasado junto a su actual compañero Andrés Ollero.
De ariete contra Zapatero a magistrado
Mucho más polémica que la ahora conocida militancia de Pérez de los Cobos fue la llegada de
Enrique López
al Constitucional. Su nombre, propuesto por el Partido Popular, fue la
culpa, en parte, de que Gobierno y oposición bloqueasen durante años una
renovación del organismo que estaba pendiente desde 2007 y que no se
produjo hasta finales de 2010. López ni siquiera logró entrar al
Tribunal entonces pero, fruto de su obstinada espera, logró su
recompensa el pasado 12 de junio.
En su etapa como vocal y
portavoz del Consejo General del Poder Judicial se convirtió, durante la
primera legislatura de Rodríguez Zapatero, en una especie de oposición
extraparlamentaria a las leyes emanadas de la mayoría socialista del
Congreso. Sus amistades con destacados dirigentes del Partido Popular
como Federico Trillo o José María Michavila también son muy conocidas.
López nunca ha ocultado tampoco su vinculación al partido que preside
Mariano Rajoy. Entre 2003 y 2008 participó en 53 seminarios organizados por la Fundación FAES, que preside
José María Aznar,
y el 1 de diciembre de 2006 participó en una conferencia política del
Partido Popular sobre el modelo de Estado que fue organizada por
Federico Trillo y
Soraya Sáenz de Santamaría, hoy vicepresidenta del Gobierno.
Xiol Ríos, vinculado al Gobierno de Felipe
Juan Antonio Xiol Ríos,
magistrado perteneciente al sector progresista, tiene, por su parte,
una hoja de servicios vinculada, en gran medida, a los diferentes
Gobiernos del PSOE. Fue director general de Justicia en los años 80 y
nombrado, después, en 1990, vocal del CGPJ a propuesta de los
socialistas.
Entre otros cargos, también ha sido letrado de
carrera del Tribunal Constitucional o magistrado de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Supremo.
Un rector cercano al PP y a FAES
Pedro González Trevijano, exrector
de la Universidad Rey Juan Carlos, accedió al Tribunal el pasado mes de
junio, a la vez que Enrique López. Como él, también atesora a sus
espaldas una historia de vinculaciones políticas con el Partido Popular o
con su fundación. González Trevijano dirigió la URJC con el apoyo de la
Comunidad de Madrid en un tercer mandato como rector no exento de
polémica, pues no tenía cabida en la ley, como luego fallaron, en su
contra, los tribunales. Trevijano ha escrito, además, varios artículos
para FAES (“Reforma y defensa de la Constitución”, en 2006) y ha
participado en conferencias de la citada fundación. El 6 de julio del
año pasado, por ejemplo, protagonizó uno de los actos del campus FAES de
verano junto al diputado
Ignacio Astarloa bajo el título “Reforma institucional y fortalecimiento democrático”.
Avalados por la ley y por el Tribunal
La
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que prevalece sobre la Ley
Orgánica del Poder Judicial, establece que sólo es incompatible que un
magistrado del órgano ocupe funciones directivas dentro de un partido o
un sindicato o que trabaje para los mismos. La Constitución, en su
artículo 159.4 suscribe también este planteamiento
al que, de momento, se aferra Pérez de los Cobos para no ceder ante las presiones políticas y mediáticas que piden su cabeza.
El magistrado, sin embargo, también tiene a su favor la propia jurisprudencia del TC que, ya en el
caso Rumasa,
denegó una recusación planteada por José María Ruiz Mateos contra uno
de los magistrados que debían dirimir los recursos de amparo que había
presentado en 1987 ante la expropiación de su
holding empresarial por parte del Gobierno de Felipe González.
En
el auto 226/1988, por el que el Tribunal denegó entonces aquella
recusación, señalaba textualmente que: “La Ley Orgánica de este Tribunal
(…) no impide que los Magistrados de este Tribunal puedan pertenecer a
partidos políticos y sólo les impide ocupar dentro de los partidos
cargos de carácter directivo, pues una posible afinidad ideológica no es
en ningún caso factor que mengüe la imparcialidad para juzgar los
asuntos que según su Ley Orgánica este Tribunal debe decidir”.
Les Terres de l’Ebre fan una crida a
participar a la Via Catalana cap a la independència i a inscriure’s als
trams del recorregut que encara no estan
