EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, UN ESCÁNDALO POLÍTICO

Otros cinco magistrados del TC han tenido vinculaciones con el PP y el PSOE

La militancia de Francisco Pérez de los Cobos en el Partido Popular durante cuatro años, hasta al menos el 2011, no es el único caso de claras vinculaciones políticas en el Tribunal Constitucional. Otros cinco de los 12 magistrados que componen el pleno han tenido en el pasado más reciente claras vinculaciones orgánicas con el PSOE, con la formación del centroderecha o cargos de relevancia en respectivos Gobiernos de ambos signos y que podrían presentar idénticos problemas de recusación como los que ahora se avecinan, en tromba, contra el presidente del órgano que ejerce la función de supremo intérprete de la Constitución.
Los últimos en sumarse a esta ola de recusaciones han sido el Govern y el Parlament de Cataluña, que, al alimón, encargaron ayer informes a sus servicios jurídicos para iniciar el citado trámite. Como explicó el portavoz del Govern, Francesc Homs, ambas instituciones consideran incompatible la participación de Pérez de los Cobos en los litigios que mantiene la Generalitat, principalmente, la declaración de soberanía aprobada por la cámara catalana, por su aireada afiliación al PP, que el magistrado ocultó durante su examen parlamentario ante el Senado. Otra figura emblemática de la justicia española, el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha sido el primero que, por su parte, ha pedido la nulidad de una de las actuaciones de Cobos, pues fue uno de los firmantes de la providencia en la que se negó amparo a Garzón tras su condena por el Tribunal Supremo por prevaricación.
Claramente afines a los partidos que les nombraron o con evidentes vinculaciones orgánicas con ellos, lo cierto es que el pleno del tribunal está sobrepolitizado y sin que apenas ninguno de sus magistrados pueda levantar la cabeza para marcar distancias con el caso que ahora rodea al presidente de la institución.
De diputado a magistrado

Andrés Ollero, nombrado magistrado del Constitucional en julio del año pasado, es uno de los casos más palmarios. Durante 17 años, de marzo de 1986 a octubre de 2003, fue militante y diputado del Partido Popular, una condición que le podría obligar a tener que abstenerse en multitud de materias que pasen por sus manos.
En 1986 se adscribió al Partido Demócrata Popular del democristiano Óscar Alzaga y encabezó la lista de la Coalición Popular -luego PP- por Granada. Un escaño que fue revalidando en sucesivas ocasiones hasta que, en el 2003, decide abandonar voluntariamente el Congreso para dedicarse plenamente a la docencia en la Universidad Rey Juan Carlos, de donde fue repescado para el TC. Miembro supernumerario del Opus Dei, es claramente contrario al aborto y el matrimonio homosexual, dos de los temas que han pasado por el órgano en los últimos meses.
Fernando Valdés, redactor del programa electoral del PSOE

Este veterano catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social vinculado al PSOE fue una de las voces más críticas de la reforma laboral del PP antes de recalar en el Tribunal Constitucional.
Hasta tal punto se ha posicionado en contra del texto que no dudó en participar, junto a otros representantes de la cultura, la educación o el espectáculo, en un acto convocado por UGT y Comisiones Obreras a favor de la huelga general del 29 de marzo del año pasado. Y eso sin contar los artículos que, también contra la reforma auspiciada por Fátima Báñez, publicó en el diario El País.
Pero si ese acto ya, de por sí, le podría presumir de posibles vinculaciones con los sindicatos mayoritarios de nuestro país, de lo que no cabe duda es de que este experto ha trabajado para el PSOE cuando el partido ha requerido de sus aportaciones. Antes de 2004, participó junto al también catedrático Santos Ruesga y al luego ministro de Trabajo Valeriano Gómez en la coordinación del programa electoral del PSOE en Economía, Trabajo y Pensiones con el que José Luis Rodríguez Zapatero se presentó a sus primeras elecciones el año 2004.
Valdés Dal-Re, del que se desconoce si tiene o ha tenido militancia política en el partido de Pablo Iglesias, fue elegido magistrado del TC en julio del año pasado junto a su actual compañero Andrés Ollero.
De ariete contra Zapatero a magistrado

Mucho más polémica que la ahora conocida militancia de Pérez de los Cobos fue la llegada de Enrique López al Constitucional. Su nombre, propuesto por el Partido Popular, fue la culpa, en parte, de que Gobierno y oposición bloqueasen durante años una renovación del organismo que estaba pendiente desde 2007 y que no se produjo hasta finales de 2010. López ni siquiera logró entrar  al Tribunal entonces pero, fruto de su obstinada espera, logró su recompensa el pasado 12 de junio.
En su etapa como vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial se convirtió, durante la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, en una especie de oposición extraparlamentaria a las leyes emanadas de la mayoría socialista del Congreso. Sus amistades con destacados dirigentes del Partido Popular como Federico Trillo o José María Michavila también son muy conocidas. López nunca ha ocultado tampoco su vinculación al partido que preside Mariano Rajoy. Entre 2003 y 2008 participó en 53 seminarios organizados por la Fundación FAES, que preside José María Aznar, y el 1 de diciembre de 2006 participó en una conferencia política del Partido Popular sobre el modelo de Estado que fue organizada por Federico Trillo y Soraya Sáenz de Santamaría, hoy vicepresidenta del Gobierno.
Xiol Ríos, vinculado al Gobierno de Felipe

Juan Antonio Xiol Ríos, magistrado perteneciente al sector progresista, tiene, por su parte, una hoja de servicios vinculada, en gran medida, a los diferentes Gobiernos del PSOE. Fue director general de Justicia en los años 80 y nombrado, después, en 1990, vocal del CGPJ a propuesta de los socialistas.
Entre otros cargos, también ha sido letrado de carrera del Tribunal Constitucional o magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.
Un rector cercano al PP y a FAES

Pedro González Trevijano, exrector de la Universidad Rey Juan Carlos, accedió al Tribunal el pasado mes de junio, a la vez que Enrique López. Como él, también atesora a sus espaldas una historia de vinculaciones políticas con el Partido Popular o con su fundación. González Trevijano dirigió la URJC con el apoyo de la Comunidad de Madrid en un tercer mandato como rector no exento de polémica, pues no tenía cabida en la ley, como luego fallaron, en su contra, los tribunales. Trevijano ha escrito, además, varios artículos para FAES (“Reforma y defensa de la Constitución”, en 2006) y ha participado en conferencias de la citada fundación. El 6 de julio del año pasado, por ejemplo, protagonizó uno de los actos del campus FAES de verano junto al diputado Ignacio Astarloa bajo el título “Reforma institucional y fortalecimiento democrático”.
Avalados por la ley y por el Tribunal
La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que prevalece sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que sólo es incompatible que un magistrado del órgano ocupe funciones directivas dentro de un partido o un sindicato o que trabaje para los mismos. La Constitución, en su artículo 159.4 suscribe también este planteamiento al que, de momento, se aferra Pérez de los Cobos para no ceder ante las presiones políticas y mediáticas que piden su cabeza.
El magistrado, sin embargo, también tiene a su favor la propia jurisprudencia del TC que, ya en el caso Rumasa, denegó una recusación planteada por José María Ruiz Mateos contra uno de los magistrados que debían dirimir los recursos de amparo que había presentado en 1987 ante la expropiación de su holding empresarial por parte del Gobierno de Felipe González.
En el auto 226/1988, por el que el Tribunal denegó entonces aquella recusación, señalaba textualmente que: “La Ley Orgánica de este Tribunal (…) no impide que los Magistrados de este Tribunal puedan pertenecer a partidos políticos y sólo les impide ocupar dentro de los partidos cargos de carácter directivo, pues una posible afinidad ideológica no es en ningún caso factor que mengüe la imparcialidad para juzgar los asuntos que según su Ley Orgánica este Tribunal debe decidir”.